Este artículo pretende demostrar cómo en la misma Constitución española de 1978 se encuentran algunos de los males que aquejan a la sociedad española actual.
Como todos sabemos (salvo nuestro Gobierno actual al parecer), la inminencia de una crisis económica nacional a nivel español se venía anunciando desde hacía mucho tiempo. Por supuesto, la inesperada llegada de una crisis mundial sirvió a un doble propósito; incrementar el problema y ocultar, por parte del Gobierno, esa inevitable caída que se avecinaba en un horizonte no muy lejano. Así, intentaron escudarse en la mala situación mundial, tanto para excusar sus dudosas gestiones como para culpar al eterno enemigo del mundo, Estados Unidos.
Pero, ateniéndonos al caso de España, la verdad es que estaba en boca de todos la especulación inmobiliaria como la causa del gran malestar dentro de nuestras fronteras. Numerosos partidos, no sólo de la izquierda (PSOE e IU), sino de la misma derecha (algunos sectores del PP), empezaron a exigir un mayor control por parte del Estado sobre la situación para impedir que los especuladores pudiesen seguir con sus turbios negocios. Así lo defendieron, y así se lo transmitieron a la opinión pública y a las masas, que acabaron convencidas de que este argumento era una verdad bíblica, como lo fue en su momento hace 70 años, cuando el Partido Nacionalsocialista exigió un mayor dominio de la economía por parte del Estado, y las terribles consecuencias que ésto trajo consigo para la libertad de las personas. De nuevo, la historia se repite.
Sin embargo, ¿es cierto esto?, ¿de verdad el Estado no tenía ningún control sobre el suelo que estaba siendo usado por los especuladores? Como siempre, la Constitución es una fuente de conocimiento que nos ayuda a saber cómo es la situación pasada y presente de la vida pública en nuestro país.
El artículo 47 de la presente dice claramente: "Los poderes públicos(Estado) promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho(una vivienda digna), regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". Por lo tanto, la conclusión que se desprende de este artículo es que hasta ahora el Estado ha sido el que ha regulado el suelo. Entonces, ¿cómo es posible que la especulación que se pretendía evitar, haya tenido lugar? Muy sencillo, porque el mismo Estado, en concreto los alcaldes y concejales en sus respectivos ayuntamientos, ha tenido el control del suelo dentro de cada municipio. De este modo, el empresario de turno se ha tomado la libertad de ofrecer un lucrativo negocio a los alcaldes, en este caso, darles dinero por la compra de un terreno, además de una participación en los beneficios y de impuestos extras, a costa de los demás empresarios, que también querian una participación en el negocio para ofrecer mejores precios a los compradores. Pero como la determinación de los precios por el Estado y su pequeña oligarquía de empresarios privilegiados es el pan nuestro de cada día, los ciudadanos nos hemos tenido que contentar con esto, pagando unos precios vertiginosos para comprar una casa. La pruba irrefutable de todo esto es que, de no haber estado controlado el mercado inmobiliario, en los banquillos de los acusados por corrupción urbanística sólo habría empresarios. Pero, como hemos visto no ha sido así, ya que los más destacados han sido los políticos, 730 imputados en noviembre de 2009. En primer lugar, el PSOE con 264 imputados, en segundo lugar, el PP con 200, y en otro puesto muy inferior aunque muy destacable para gobernar en tan pocos municipios, IU con 20, como refleja el informe del Fiscal General del Estado, Cándido Pumpido.
La solución que propondría sería la derogación inmediata de este artículo, para iniciar la inmediata liberalización del suelo dentro de los municipios. Ésta consistiría en la señalización del terreno, su división en lotes y venta a las empresas que se encuentren en ese momento en el mercado o las nuevas que se vayan creando. Por ejemplo, si se ponen a la venta 800 hectáreas y hay 20 empresas, se venderían 40 hectáreas a cada empresa, nunca a una sola, de tal forma que se asegure la libre competencia de mercado. Con esto, una empresa venderá a una empresa y otra a otro precio, asegurándose la determinación del precio por el mercado y el libre juego de la oferta y la demanda. La empresa que ofrezca la mejor calidad al mejor precio será la que consiga más ventas. Para impedir la posibilidad de un monopolio de mercado, se debería de emitir una ley antimonopolio para impedir la fusión de empresas y la determinación del precio por una sola empresa, lo cual resultaría muy perjudicial para todos los ciudadanos, como lo es ahora cuando esta regulado por el Estado. Lo que es seguro, es que de esta forma, ningún empresario podrá exigir privilegios de suelo a un alcalde, desde el momento en el que el alcalde no tendría dominio ninguno sobre el suelo. Una vez dicho todo esto, reflexionen al respecto y piensenlo dos veces antes de pedir mayor control del Estado en la economía. Atentamente,
L.T.
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